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Garantía de derechos laborales

a) Comentarios


• En Perú y Uruguay, se prohíbe el uso de la tercerización para afectar derechos sindicales. En Uruguay, además, se prohíbe su uso para reemplazar trabajadores que se encuentren amparados al subsidio por desempleo por la causal de suspensión parcial o total de trabajo.

• La legislación peruana es la única que ha establecido un Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras.

• En Honduras, se ha previsto que los trabajadores del contratista perciban los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que los trabajadores del empresario principal.


b) Países de Sudamérica


País  Garantía de derechos laborales
 Perú

Los trabajadores de las empresas que prestan servicio de tercerización tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los ya establecidos en la legislación laboral vigente:

 

1. Los trabajadores bajo contrato de trabajo sujetos a modalidad tienen iguales derechos que los trabajadores contratados a tiempo indeterminado. Este derecho se aplica a los trabajadores desplazados en una tercerización, respecto de su empleador.

2. Los trabajadores que realicen labores en las instalaciones de la empresa principal en una tercerización, cualquiera fuese la modalidad de contratación laboral utilizada, como todo trabajador contratado a tiempo indeterminado o bajo modalidad, tiene respecto de su empleador todos los derechos laborales individuales y colectivos establecidos en la normativa vigente; en consecuencia, los trabajadores no están sujetos a subordinación por parte de la empresa principal.

3. La tercerización de servicios y la contratación sujeta a modalidad, incluyendo aquella realizada en la tercerización de servicios, no puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, interferir en la actividad de las organizaciones sindicales, sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación laboral de los dirigentes amparados por el fuero sindical.

4. Cuando corresponda, los trabajadores pueden interponer denuncias ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o recurrir al Poder Judicial, para solicitar la protección de sus derechos colectivos, a impugnar las prácticas antisindicales, a la verificación de la naturaleza de los contratos de trabajo sujetos a modalidad de acuerdo con la legislación laboral vigente, a impugnar la no renovación de un contrato para perjudicar el ejercicio del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva o en violación del principio de no discriminación, y obtener, si correspondiera, su reposición en el puesto de trabajo, su reconocimiento como trabajador de la empresa principal, así como las indemnizaciones, costos y costas que corresponda declarar en un proceso judicial, sin perjuicio de la aplicación de multas (artículo 7° de la Ley N° 29245).

 

Para iniciar y desarrollar sus actividades, las empresas tercerizadoras se inscriben en un Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo, en un plazo de treinta (30) días hábiles de su constitución (artículo 8° de la Ley N° 29245).

 

Se consideran inscritas en el registro las empresas tercerizadoras que, durante el período declarado, cumplen con registrar el desplazamiento de su personal a empresas principales en la planilla electrónica, con independencia de su fecha de constitución (artículo 9° del Decreto Supremo N° 006-2008-TR).

 

 Uruguay

En ningún caso podrá emplearse la subcontratación para reemplazar trabajadores que se encuentren amparados al subsidio por desempleo por la causal de suspensión parcial o total de trabajo o en conflicto colectivo, sin perjuicio de las disposiciones especiales que rigen los servicios esenciales (artículo 3° de la Ley Nº 18.099).

 

 No hay regulación

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela.

 


c) Países de Centroamérica y México


País  Garantía de derechos laborales
 Honduras

El contratista pagará a sus trabajadores los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que paga el beneficiario del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios (artículo 7° del Código de Trabajo, modificado por el Decreto Legislativo N° 45, del 16 de febrero de 1961).

 

 No hay regulación

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana