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Conclusiones

1. A pesar de lo avanzado a nivel nacional e internacional, existen aún en la práctica determinados instrumentos legales y extralegales que excluyen al trabajador público del ámbito del derecho del trabajo y le niegan o limitan sus derechos sindicales fundamentales.

Incluso, existen pronunciamientos en las jurisdicciones contencioso- administrativas que siguen declarando la naturaleza estatutaria del régimen del empleo público para justificar figuras jurídicas que tampoco son compatibles con lo que en verdad es un régimen estatutario.

Todo ello refleja la existencia de un grave desconocimiento sobre el grado de obligatoriedad de las normas internacionales de trabajo vinculadas a los derechos sindicales y de su interpretación dado por los órganos de control de la OIT, aplicables tanto a los trabajadores públicos como a los trabajadores privados.

Por ello, es necesario que las organizaciones sindicales se informen adecuadamente sobre la aplicabilidad de lo previsto en el sistema normativo de la OIT a fin de exigir a través de los tribunales nacionales e internacionales el respeto pleno de los derechos sindicales de los trabajadores del sector público.

 

2. La existencia de mecanismos normativos y prácticos adecuados para el ejercicio de los derechos sindicales en el sector público mejora la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores públicos, lo que a su vez aumenta la eficiencia de la acción estatal.

Al respecto, cabe mencionar la campaña mundial realizada actualmente por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a fin de promover el compromiso de los gobiernos para el logro de servicios públicos de calidad a través de la reestructuración interna del aparato estatal.

Dicha campaña contribuye a impulsar la creación de empleos de mejor calidad (trabajo decente) en el Estado para generar con ello servicios públicos de calidad que satisfagan objetivos sociales.

 

3. La implementación de las medidas de ajuste estructural en el ámbito de las relaciones laborales en el sector público supuso la reducción indiscriminada de la acción estatal, la eliminación de empleo público sobre todo a través de la venta de empresas estatales a capitales privados, la precarización de las relaciones laborales individuales a través de la eliminación de la estabilidad laboral y la carrera pública y la limitación de la actividad sindical.

Actualmente a nivel mundial se reconoce que la respuesta adecuada a la crisis económica reside en el aumento de los ingresos genuinos del Estado a través de las necesarias reformas tributarias y del control de la evasión fiscal, en la reestructuración del propio Estado, del empleo estatal y del gasto público.

El Pacto Mundial para el Empleo (OIT, 2009) apunta en esa dirección al proclamar como medidas de enfrentamiento de la crisis del 2008 el respeto de los derechos de los trabajadores, una regulación eficaz y productiva de las economías de mercado (artículo 9, párrafo 10) y la construcción de un marco regulador y de control del sector financiero más fuerte y coherente a nivel mundial, de manera que dicho sector sirva a la economía real (artículo 21, párrafo 1).

 

4. Dado que muchas de las causas de la precarización laboral en la región -entre ellas las crisis económicas de origen externo- responden a fenómenos supranacionales es Derechos sindicales en el sector público en América Latina 127 claro que la acción sindical y el diálogo social ya no pueden estar limitadas solamente al ámbito nacional sino que es necesario e indispensable su regionalización e internacionalización.

Por ello, es sumamente importante la acción sindical llevada a cabo por las organizaciones internacionales como la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y la federación sindical Internacional de Servicios Públicos (ISP), cuyas campañas y programas permiten el intercambio de información, conocimientos y experiencias entre personas y organizaciones provenientes de distintas partes del mundo para la conformación de estrategias a escala regional y global.

 

5. La Organización Internacional de Trabajo, a fin de superar la mera preocupación cuantitativa por la creación de cualquier tipo de empleo para destacar la preocupación por la calidad del empleo70, esta impulsando en todo el mundo el concepto trabajo decente en cuyo seno convergen sus principales objetivos. Este concepto al ser plenamente aplicable al sector público puede contribuir a la orientación de la acción de los actores sociales en torno a un objetivo común sobre la calidad del empleo y las condiciones laborales.

Al respecto, es necesario tener presente que los derechos sindicales son derechos habilitantes, es decir, su ejercicio real permite a su vez el ejercicio de todos los demás derechos de los trabajadores. Por ello, es posible afirmar que el ejercicio de los derechos sindicales es el principal instrumento para lograr trabajo decente.

El derecho a tener un empleo estable y una remuneración justa, a no ser discriminado por una razón injustificada y arbitraria (sexo, edad, opción sexual, etc), a participar en la configuración de las normas a través del dialogo social y la negociación colectiva directa y a gozar de una verdadera protección social, es posible sólo si se habilita el ejercicio pleno de los derechos sindicales.

En esa línea, la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (OIT, 2008) afirma que “la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el logro de [los] cuatro objetivos estratégicos [del trabajo decente]”.