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TRABAJO DECENTE, POBREZA Y EMPLEO AGRICOLA

Resumen


El programa de la OIT viene haciendo especial hincapié en un conjunto de esferas de importancia decisiva (ACI, en inglés) que merecen mayor atención y que serán el objetivo principal de acción y cooperación técnica en el futuro, entre las que se encuentran el Trabajo Decente en la Economía Rural y la Formalización de la Economía Informal.

Ello supone considerar al sector laboral rural como prioritario para mejorar las condiciones de trabajo de la sociedad y poder facilitar su transición a la formalidad desde el acceso a los derechos laborales, pero también para la reducción de la pobreza, estableciéndose un compromiso explícito con las personas más débiles del mundo del trabajo (personas que viven en la pobreza o en riesgo de ella, excluidas y sin oportunidades de trabajo decente) así como un compromiso de fidelidad con los objetivos originales de justicia social de la OIT.

Tanto la OIT como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) coinciden en que el importante déficit de trabajo decente y la debilidad de las instituciones laborales explican en parte la persistencia de la pobreza rural en América Latina. Desde esta visión conjunta, algunos de los principales problemas que explican la pobreza en las áreas rurales son la informalidad laboral, el incumplimiento del salario mínimo, la débil sindicalización y negociación colectiva, las brechas de cobertura de la protección social o ciertas modalidades de contratación de mano de obra, que redundan en una alta precariedad.

Por su parte, la problemática y organización del trabajador en especial situación de vulnerabilidad son aspectos, junto con la dilatada preocupación por la informalidad laboral, muy relacionados a los procesos de Autoreforma de la agenda de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), así como ejes conexos en la Plataforma de Desarrollo para las Américas (PLADA). Esta propuesta, que unifica cuatro dimensiones del desarrollo (económica, política, social y medioambiental) tiene como enfoque el desarrollo sustentable apuntado en su II Congreso en abril de 2012 y formula un proyecto sindical alternativo a las políticas de liberalización del sector privado, siendo una herramienta de discusión y actuación política en el continente, apuntando ciertos elementos de reflexión respecto al tema agrario.

Si bien la economía rural en muchos países manifiesta importantes carencias respecto a las condiciones de trabajo, cuyo origen se remonta a décadas atrás, hay situaciones más recientes que están significando un agravamiento del problema. Los indudables y trascendentes cambios sucedidos en la producción agrícola y en los mercados a escala planetaria han significado para América Latina, entre otras cosas, un enorme auge del sector agroindustrial. Este fenómeno de “explosión agrícola”, con su alta modernización, productividad y eficiencia, se ha convertido en un referente, proyectando una sensación de gran éxito económico en varios países, cuyos gobiernos en general han favorecido medidas para apoyar su expansión, creyéndose que este era un medio idóneo para producir riqueza en territorios postergados y beneficiar con ello a sus poblaciones desaventajadas.

Tras ciertos análisis se advierte, sin embargo, que la enorme renta generada por este sector no ha tenido el impacto deseable sobre la reducción de la pobreza en las zonas rurales sino, más bien, que algunos modelos de producción asociados parecen haber reconfigurado un sistema de relaciones laborales lleno de sombras. La actual falta o debilidad de políticas respetuosas con los derechos laborales, que garantizan un reparto más justo de la riqueza creada en momentos de crecimiento económico, y del impulso a un desarrollo más inclusivo, guardan una relación directa con las numerosas dificultades socioeconómicas que sufren los trabajadores y trabajadoras del sector rural, en especial los temporeros y las mujeres. Por el contrario, en la agricultura moderna predominan legislaciones favorables al sector privado pero basadas en una alta flexibilidad laboral y “alfombras rojas” a la informalidad y a la desprotección.

Efectivamente, la precariedad del trabajo en la economía rural es de larga data pero se constata en los últimos años una severa profundización proveniente de un modelo de producción agrícola caracterizado por la adopción de principios de competitividad y ventajas comparativas realizados, con frecuencia, a partir del abaratamiento de costes laborales o la desregulación. Se advierte, además, una tendencia a la concentración y transnacionalización de la propiedad de la tierra y una producción muy insertada y dependiente de cadenas de valor internacionales, lo cual influye negativamente en los derechos laborales. Por consiguiente, las características del mercado de trabajo en las áreas rurales vinculan ya al empleo rural nítidamente con la esfera de la globalización económica.

Ciertamente, las brechas de empleo, de protección social o de género se agravan con la existencia de otros problemas estructurales arraigados del campo, como la falta de productividad de algunos sectores, la mala distribución de tierras, el aislamiento y una desigualdad crónica en las condiciones de participación de bienes y servicios esenciales de la población rural.

Bajo este escenario se advierte, en un momento dado, la pertinencia de poner en común reflexiones, prácticas y explorar perspectivas de acciones conjuntas entre la Oficina de Actividades para los Trabajadores de OIT (ACTRAV), la Confederación Sindical de las Américas (CSA), y Federaciones Sindicales Internacionales vinculadas con la organización de trabajadores en el sector rural, como es el caso de la UITA, aprovechando la enorme y valiosa experiencia, conocimiento y buenas prácticas que esta Internacional tiene al respecto.

En el ánimo de ahondar el diagnóstico y el debate sindicales para una acción futura coordinada frente a esta problemática y tomando la seguridad social y la informalidad laboral como ejes guía, se realizó a finales de noviembre de 2013 en Montevideo el seminario “Extensión del Piso de Protección Social a los Trabajadores del Sector Rural de la Economía Informal”. La actividad, en el marco del Programa Regional de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe, FORLAC (Proyecto Noruego por la Justicia Social), fue organizada conjuntamente por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ACTRAV, el Centro de Formación Internacional de la OIT en Turín (CIF) y el Banco de Previsión Social (BPS) de la República de Uruguay.

El intercambio de ideas demostró que la nebulosa de preocupaciones y dilemas de las organizaciones participantes ante el fenómeno de expansión agrícola y las particularidades del mundo laboral rural, se comparten significativamente y existen numerosas coincidencias en los planteamientos. Esto reafirma una vez más que se necesitan estrategias continentales pero también alianzas múltiples, pues se trata de asuntos cada vez más transnacionalizados que conciernen a un creciente número de relaciones entre los actores socioeconómicos y políticos de los países.

Una de las recomendaciones que surgieron tras este encuentro fue la de desarrollar iniciativas que permitieran sistematizar la información existente respecto a experiencias asociativas nacionales de trabajadores frente a los principales problemas detectados en términos de legislación e incumplimiento de derechos, niveles y causas de informalidad o la situación de la seguridad y salud en el trabajo en el sector rural, por ejemplo. El desenvolvimiento sindical en el marco de las instituciones de mercado de trabajo y desde otras propuestas de acción, es clave para conocer y contrarrestar los efectos de los procesos productivos agrícolas que fragmentan y dispersan el trabajo, generando mayor fragilidad social. De esta indicación surge el actual informe: un esfuerzo por englobar una pluralidad de experiencias de organización, acción y afiliación, en un contexto lleno de limitaciones legales, extremadamente difícil y hostil para el movimiento sindical como es el mundo rural.

A lo largo del continente aflora una gran diversidad y dinamismo a la hora de dar respuestas sindicales ante problemas comunes como las crecientes subcontratación, temporalidad, no registro y otras relaciones fraudulentas de trabajo, desprotección social, obstáculos a la negociación colectiva o la violación de la libertad sindical y otras normas internacionales. Pero también propuestas ante otros fenómenos como la discriminación laboral y salarial de la mujer, el trabajo infantil y el trabajo forzoso, la soberanía alimentaria, la reforma agraria o el desarrollo sustentable. Todo ello, a partir de experiencias nacionales que proponen alternativas y defensa de ante los efectos del (tradicional-renovado) dualismo minifundiolatifundio latinoamericano, y los modelos de industrialización y comercialización agrícolas de influencia neoliberal. El informe recoge varias de estas experiencias y las pone en valor.

Por consiguiente, la profundización del análisis sobre los cambios en la economía rural producto del auge de la agricultura moderna en la región, en concreto, sus secuelas sobre el mundo del trabajo, es una de las motivaciones del presente informe. Una visión panorámica, contrastada con estudios, experiencias, noticias y opiniones, corrobora lo mencionado: que se amplían los efectos negativos en términos de inseguridad laboral. Y sugiere, además, que ciertas modalidades de cultivo industrial están generando consecuencias nefastas para el medioambiente, la salud, el precio de los alimentos básicos y el respeto por los derechos, ahondando en la crisis y despoblamiento rurales. Todo en su conjunto constata la presencia de un esquema inquietante de relaciones humanas sobre el que se recomienda intervenir. La ampliación de los estándares de trabajo decente en las zonas rurales, como estrategia de desarrollo, supondría la existencia de magníficas posibilidades de disminuir la pobreza y mitigar otros impactos. Para ello se necesitan empresas, instituciones y políticas que lo pongan en práctica, pero también una mayor concientización global al respecto.

Potenciar la presencia de la Agenda de Trabajo Decente en todos los vectores de la gobernanza económica y en las orientaciones que marquen el memorándum del desarrollo de los organismos multilaterales y de los países es algo indispensable para reducir las brechas socioeconómicas actuales. Como señala el Director General de la OIT, Guy Ryder,


“el trabajo es el mejor camino para salir de la pobreza. La comunidad internacional debe dar una respuesta fuerte y visible a la demanda apremiante de más y mejores empleos”1 .


1 Crecimiento y empleo al centro de la agenda de desarrollo post 2015, Comunicado de Prensa , 2 de Octubre de 2013, OIT http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/pressreleases/WCMS_222928/lang--es/index.htm