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3. Conclusiones y Recomendaciones

Combatir la pobreza extrema en América Latina pasa, necesariamente, por mejorar las condiciones laborales del sector rural y la mejora de los mercados de trabajo rurales, donde se concentra la mitad de la indigencia. Desde comienzos de siglo, la agroindustria se ha desarrollado espectacularmente, convirtiéndose a paso firme en el modelo hegemónico de producción agrícola en la región. La importante renta generada por este sector, que marca un modelo de desarrollo en todos los planos, fuertemente implantado, y que incluye la producción de agrocombustibles, granos y productos agrícolas de exportación, debería haber tenido un efecto natural de mejora de las condiciones de vida y empleo de la población rural y en el desarrollo de estas zonas.

Pero, en términos generales, parece que este modelo no ha traído la prosperidad deseable. La creación de empleo no parece venir acompañada de empleo digno. Por el contrario, la agroindustria, fuertemente competitiva y en estrecha relación con los mercados financieros, parece haber profundizado los déficit de trabajo decente, estableciendo relaciones laborales muy marcadas por la precariedad, la informalidad y la desprotección, lo que redunda en más desigualdad.

Desde las organizaciones sindicales que conviven con esta realidad se denuncian todo tipo de prácticas que atentan, de manera muy marcada, contra los derechos laborales más fundamentales y la justicia laboral, poniendo en riesgo, además, otros aspectos vinculados al medioambiente, a la soberanía alimentaria y al bienestar. Este sector parece tener la habilidad de concentrar un número considerable de violaciones a las normas internacionales que provienen de la OIT. En el informe se muestran propuestas y experiencias que promueven términos más equitativos de relaciones de trabajo, denuncias de la problemática y también una agricultura más sostenible en términos sociales, ambientales y económicos.

El sector agrícola en su conjunto es un pilar en muchas economías ya que garantiza la seguridad alimentaria, los ingresos de exportación y el desarrollo rural. Sin embargo, existen grandes obstáculos en la región que requieren una atención preferente, como la amplia falta de reconocimiento de los derechos de los trabajadores rurales, la importancia de la mujer en la agricultura, la insuficiencia de las normas de trabajo, los salarios bajos, las condiciones de trabajo peligrosas, las subidas de precios, el carácter no remunerado del trabajo familiar, el trabajo infantil y la falta de representatividad y de diálogo social. Los grandes desequilibrios entre trabajadores y empleadores tienden a ser más frecuentes en las sociedades rurales. La generación de instancias de diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno es trascendental para la superación de estos problemas y el aumento de la productividad, así como la puesta en valor del sindicato rural como organización de desarrollo económico, tal y como señala el Convenio nº 141 de la OIT. Pero, sobre todo, desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, debe ser garantizada la libertad sindical, tan reprochada en el sector rural, y el acceso a la negociación colectiva. Algunas buenas prácticas mostradas en este trabajo dan idea de que es posible y también rentable, además de promover una buena gobernanza y el empoderamiento de las instituciones del mercado laboral.

El desafío para las personas que viven en las zonas rurales es que el empleo remunerado no necesariamente está garantizando ingresos ni medios de vida adecuados. Los esfuerzos por dignificar los medios de vida y mejorar la situación profesional se ven atropellados por prácticas de relaciones laborales basadas en formas de trabajo muy flexibles y eventuales, es decir, más precarias y en comunión con la informalidad, el no registro y el fraude. La producción de estadísticas y datos fiables al respecto, que muestren la relación entre el empleo generado, su calidad, y su efecto sobre el progreso material, debe ser una prioridad en la agenda de los actores estatales.

Como también debe serlo la desigualdad en materia de género. En algunas sociedades, la feminización del trabajo agrícola hace que las mujeres se encuentren en una situación de considerable desventaja. La adopción de una perspectiva de género no sólo puede contribuir a la formulación de políticas de reducción de la pobreza más eficaces sino a la expansión de derechos.

Por otro lado, aunque los trabajadores rurales constituyan el núcleo del sistema de producción alimentaria, presentan situaciones de gran desventaja, siendo uno de los grupos más frágiles socialmente. Además de las discriminaciones apuntadas en términos de género y otras, se detectan importantes carencias en materia de protección y seguridad social, dándose condiciones difíciles de trabajo (realizadas de manera poco saludable y segura). La mayoría de los trabajadores del campo están apenas protegidos y algunos países excluyen explícitamente al sector agrícola de su legislación laboral general. Muy preocupante es la exposición del trabajador a los riesgos laborales, producto de las actividades propias o de los productos químicos que se utilizan en la producción de alimentos. Sobresale la demanda para que las inspecciones del trabajo sean más eficientes y se fortalezcan los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, lo que también favorecería el fortalecimiento de la función pública.

Todavía muchos agricultores y trabajadores no conocen sus obligaciones, derechos y responsabilidades. Esto se ve agravado por el hecho de que la agricultura es uno de los sectores en el que los sindicatos encuentran mayores dificultades para organizar la fuerza de trabajo, por muchas razones, entre ellas las restricciones jurídicas, el aislamiento geográfico y las actitudes culturales. El predominio de trabajadores estacionales, migrantes y ocasionales, junto con las limitaciones añadidas de la baja educación, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y las presiones patronales, hacen que la tarea de organizar a los trabajadores sea especialmente difícil, lo que requiere mejores estrategias al respecto. Estas pasan, en buena parte, por superar desde las organizaciones nacionales el sesgo urbano. Es muy recomendable dirigir la atención a la elaboración de mapas sindicales en la región y en cada país, capaces de identificar las experiencias organizativas. De igual modo, convendría explorar y conocer en profundidad cómo son dichas experiencias.

Se plantea además un reto de fortalecimiento sindical en el sector rural que favorezca su incidencia social y política y que pasa necesariamente por el desarrollo de capacidades en aspectos organizativos que permitan una mejor articulación, coordinación y capacidad de propuesta, incluyendo la negociación y la movilización pero también la generación de alianzas con otras organizaciones e instituciones, que promuevan y defiendan el trabajo decente. En este sentido, urge intensificar la presencia de la problemática laboral en el sector rural en los programas nacionales de trabajo decente por país (PTDP).

El potencial que encierra el concepto de trabajo decente nos recuerda que es también un imperativo ético y que debe ser visto como un factor productivo que contribuye a la creación de empleo, al desarrollo y a la reducción de la pobreza.

El aumento de la competitividad, tan demandado por el sector empresarial, no puede realizarse a costa del trabajador. Una mayor productividad debe venir con la introducción de innovaciones que mejoren el rendimiento de la mano de obra. La productividad no sólo depende de mejores prácticas agrícolas, sino también de la calificación y formación del trabajador. El progreso técnico no puede significar la destrucción masiva de otras fuentes de subsistencia si no es capaz de generarlas.

La agricultura moderna industrial y comercial, pone el énfasis en la acumulación de capital, el progreso tecnológico, la investigación y el desarrollo científico a fin de lograr niveles más altos de eficacia y productividad y orientar la producción al mercado, pero la capacidad técnica de los equipos mecánicos que se utilizan significan que cada vez se necesite menos mano de obra. 98 El otro problema es que la agroindustria también tiene repercusiones considerables en las estructuras del mercado a escala nacional e internacional y, en muchos casos, socava la viabilidad de la agricultura familiar, amenazando los medios de vida de millones de personas, recordando una vez más, que este tipo de agricultura a pequeña escala es necesaria para garantizar la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. Los problemas al respecto ya se detectan de manera considerable en los países de la región con la escasez y el alza de los precios.

La eficacia del monocultivo y la especialización flexible no debe significar la “barra libre” para las políticas nacionales y los regímenes laborales de estímulo y protección a este tipo de producción. Las cifras optimistas de exportación y de divisas no pueden ocultar que la riqueza generada (y también los factores de producción asociados) está concentrándose, y no distribuyéndose. Las políticas de distribución de renta no pueden pasar por una cadena asociada a la concentración de mercados, en la que unas pocas transnacionales construyen a paso firme un sistema oligopólico de producción, distribución y comercialización agrícola.