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1.- Trabajo decente y Empleo Rural

En el plano internacional existe un creciente interés por entender las vinculaciones entre el empleo rural, la pobreza y la seguridad alimentaria, empezando a reconocerse que el trabajo decente resulta capital para lograr compromisos como la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, de 1996 (FAO, 1996) la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, de 2001 (FAO, 2001), la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de 2009 (FAO, 2009) o las Cumbres Mundiales sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 en Johannesburgo (ONU, 2002) y de 2012 o Río +20 (PNUD, 2012).

El desarrollo rural basado en el trabajo decente es una parte integral del esfuerzo para hacer frente a las preocupaciones relativas a los precios altos de los alimentos, como se indica en el Marco Amplio para la Acción Actualizado sobre la Crisis de la Seguridad Alimentaria Mundial (ONU, 2010). Y a la crisis financiera y económica mundial, como se señala en las iniciativas desde la Coordinación del Sistema de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria (ONU, 2008), el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, de 2009 (OIT, 2009) y la Conferencia sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y sus efectos sobre el Desarrollo (ONU, 2009), además de otras plataformas para la protección social.

Por otro lado, el trabajo decente ofrece medios prácticos para la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (IV Conferencia Mundial de la Mujer) de 1995 (ONU, 1995), programa a favor del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, tanto en el ámbito rural como urbano.

Del mismo modo, el trabajo decente es muy importante para lograr los objetivos por una mejor nutrición y contra la pobreza, trazados en otras cumbres temáticas de la ONU. Por ejemplo, las Cumbres Mundiales a favor de la Infancia de 1990 y 2002 (ONU 2002a) o la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 2005 (ONU, 2005; ONU, 2005a). En esta última se señala el apoyo a una globalización justa donde el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos será una meta central de las políticas nacionales e internacionales y de las estrategias de desarrollo de Naciones Unidas, incluidas las estrategias de reducción de la pobreza, garantizándose el pleno respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Asimismo, se reafirma que la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y agrícola han de enfocarse adecuada y urgentemente como parte integrante de esas políticas.

Tanto la OIT como la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), comparten que el hambre y la pobreza se pueden superar mediante la promoción de estrategias de desarrollo sostenible agrícola y rural a nivel social, ambiental y económico, a la vez equitativos y sensibles con las cuestiones relativas al género, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, en particular los principios y derechos fundamentales del trabajo. La promoción del empleo, la protección social y el diálogo social son otras aspiraciones compartidas, en el marco de una globalización más justa e incluyente (OIT-FAO, 2013).

Si bien su colaboración se remonta a 1947, ambas firmaron un acuerdo específico en 2004 que implica consultas y acciones coordinadas para mejorar la cooperación mutua. Se cuenta también con un espacio web y un punto focal común (OIT-FAO, 2004; OIT-FAO, 2011).

Las esferas de acción temáticas incluyen: el empleo digno para las poblaciones rurales pobres; trabajo infantil en la agricultura; empleo de los jóvenes; dimensiones de género; cooperativas y organizaciones de productores; trabajadores rurales; seguridad y salud ocupacional; medios de vida sostenibles y emergencias; cuestiones sectoriales en la agricultura (producción de cultivos, pesca y forestación); y estadísticas laborales. Existe al respecto una producción conjunta de actividades y materiales. Cabe destacar algunos documentos de orientación, productos de conocimiento, talleres y trabajo de campo entre los que destaca una Guía para tratar el empleo rural y el trabajo decente en las actividades país de la FAO (OIT-FAO, 2011a), de la cual existe también una versión abreviada (OIT-FAO, 2011b).

Fortaleciendo esta iniciativa ha participado, en ocasiones, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que en los últimos años ha elaborado junto con la FAO y la OIT estadísticas y estudios importantes relacionados con el empleo rural.

Otros asociados puntuales a esta cooperación son el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), el IIPA (Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias), la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabacos y Afines).


1.1.-La atención de la OIT hacia la Seguridad Alimentaria, la Agricultura y el Empleo Rural


En los últimos años, la seguridad alimentaria se ha convertido en una prioridad para la OIT. No sólo como derecho humano, sino como una oportunidad de desarrollo de los trabajadores y el bienestar de sus familias a partir de los estándares de trabajo decente, su paradigma.

En 2008 se adoptó una Resolución relativa al papel de la OIT para afrontar la crisis alimentaria mundial (OIT, 2008). Esta reflexión propició un año después su incorporación al Equipo de Tareas de Alto Nivel del Secretario General de la ONU sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria, contribuyendo desde entonces al Marco Amplio para la Acción mencionado en un apartado anterior.

Además, ha desarrollado a través de su Departamento de Actividades Sectoriales (SECTOR) un programa multidisciplinar en coordinación con otras agencias de Naciones Unidas y actores de desarrollo para apoyar las estrategias nacionales y regionales de seguridad alimentaria (OITSECTOR, 2010).

Para la OIT, la reevaluación actual del desarrollo rural guarda relación directa con una cantidad considerable de variables: la reducción de la pobreza impulsada por los ODM; la seguridad alimentaria; el medio ambiente y el cambio climático; el crecimiento económico; el empleo juvenil; la autonomía de la mujer; la gestión de los flujos migratorios; y la estabilidad socioeconómica, en la búsqueda del crecimiento sostenible, empleo y creación de riqueza (OIT, 2012).

La adopción de una Resolución relativa a la promoción del empleo rural para reducir la pobreza y un plan de acción en 2008, que resaltan estas dimensiones, además de otras como normas de trabajo, protección y diálogo social, llevaron tres años más tarde a que el Consejo de Administración de la OIT respaldase firmemente una estrategia para impulsar el desarrollo rural a través del empleo productivo y el trabajo decente, aprovechando la larga experiencia de trabajo de la OIT con el sector rural durante cuatro décadas (OIT, 2008a; OIT, 2011).

Por su parte, el Programa de Empleo Rural y Trabajo Decente del Área de Desarrollo Rural de la OIT impulsa, coordina y realiza un seguimiento de las actividades en este sentido. Esta área también se encarga de producir estadísticas sobre empleo rural así como una amplísima guía de recursos sobre desarrollo y políticas rurales.

La problemática rural se ha incorporado ya en casi la mitad de los Programas de Trabajo Decente por País (OIT, 2012). En los principales marcos de política mundiales de la OIT, como por ejemplo el mencionado Pacto Mundial por el Empleo de 2009, se integran asimismo componentes sobre el medio rural (OIT, 2009). Mientras que en las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo relativa a la discusión recurrente sobre el empleo de 2010 también se subraya la importancia de la agricultura para reducir las desigualdades (OIT, 2010).

En el contexto de las Américas, se hicieron referencias al sector rural, al desarrollo local y al trabajo decente en su Agenda Hemisférica 2006-2015. Aquí, el objetivo principal era mejorar las condiciones de trabajo y de productividad de las actividades económicas que tienen lugar en el ámbito rural, incluidas las de las poblaciones indígenas (OIT, 2006).

Sin duda, una gran preocupación es como ajustar las metas de trabajo decente a las realidades del empleo rural, teniendo en cuenta el contexto actual. Las zonas rurales constituyen el hogar y el lugar de trabajo del 75% de las personas más pobres en el mundo y de un gran número de desempleados y subempleados (FIDA, 2004). El entorno es muy complejo, ya que coexisten una agricultura e industria modernas, productivas y muy rentables, con actividades rurales de talla pequeña, tradicionales y de subsistencia.

En el Panorama Social 2012 de CEPAL, el porcentaje de pobreza en América Latina se cifraba en el 28,8% (167 millones de personas), mientras que el porcentaje de pobreza extrema era del 11,4% (66 millones de personas). Sin embargo, al realizarse el desglose correspondiente, encontramos que alrededor del 30% del total de la población rural vive todavía en situación de indigencia, respecto al 7% de la población urbana en la misma situación (CEPAL, 2012a). Por su parte, con las excepciones de Uruguay, Chile y Costa Rica, la incidencia de la pobreza y la indigencia entre los ocupados rurales alcanzaba hacia 2010 en América Latina rangos que oscilaban entre el 30% en República Dominicana y Brasil hasta el 70% en Bolivia y Honduras (FAO, 2013a).

Con una mano de obra de más de 1500 millones de personas, la agricultura es el segundo sector que proporciona más empleo en el mundo, después del sector servicios. En 2009 representaba el 35% del total de empleos a nivel mundial, con una tendencia a la baja. En América Latina, representa aproximadamente el 16% del empleo total. La agricultura es también uno de los 3 sectores laborales más peligrosos del mundo (junto con la minería y la construcción). En varios países la tasa de accidentes mortales en la agricultura duplica el promedio de todos los demás sectores. De los aproximadamente 335.000 accidentes mortales que se producen en el lugar de trabajo en todo el mundo, unos 170.000 los sufren los trabajadores agrícolas2 .

La agricultura es también el sector en que más mujeres trabajan en muchos países. El 40% de los trabajos remunerados de todo el mundo en el sector agrícola está ocupado por mujeres. En América Latina las cifras varían dependiendo del sector productivo, superando en algunos casos con creces esa cifra (por ejemplo en el trabajo temporero o en las plantas de empaque). En la región se habla incluso de una “feminización de la agricultura” en los últimos años, existiendo dos tendencias en este sentido: por un lado, un incremento de mujeres en la fuerza laboral agrícola remunerada, en especial en el sector de exportaciones no tradicionales; por el otro, las mujeres están asumiendo mayores responsabilidades, ya sea como agricultoras principales o como trabajadoras familiares no remuneradas. No obstante, que las mujeres tengan cada vez mayores oportunidades de obtener ingresos no significa que tengan trabajos decentes y seguros ni que estén en igualdad con los hombres. De hecho se comprueba por algunos estudios que los trabajos “femeninos” que se crean en la agricultura son, en general, peor cualificados y remunerados (Lastarría, 2008).

La predominancia del trabajo infantil en la agricultura es también mayor que en otros sectores económicos, al representar aproximadamente el 70 por ciento del trabajo infantil en todo el mundo. Además, dado que muchos niños de edad inferior a la edad mínima de admisión al empleo viven en explotaciones agrícolas, el riesgo de que sufran accidentes y enfermedades es mucho mayor, por ejemplo debido a la exposición a plaguicidas y otras sustancias químicas que se emplean con frecuencia en la agricultura. Los esfuerzos internacionales para erradicar el trabajo infantil en la agricultura no han impedido que los niños con edades por debajo o por encima de la edad legal de admisión al empleo sigan sufriendo accidentes en las explotaciones agrícolas, en algunos casos mortales (OIT, 2010a)


2 OIT, Agricultura ; plantaciones, otros sectores rurales http://www.ilo.org/global/industries-andsectors/agriculture-plantations-other-rural-sectors/lang--es/index.htm


El trabajo forzoso es también una problemática latente en las áreas rurales de muchos países, en especial en las regiones de Asia Pacífico pero que también se da con especial gravedad en países de la región como Brasil.

En consecuencia, uno de los últimos gestos de la OIT por comprender y tratar la cuestión del trabajo en el entorno rural ha sido la incorporación del “Trabajo Decente en la Economía Rural” como uno de las 10 resultados principales en el Programa y Presupuesto. Otro de dichos resultados que guarda estrecha relación con la problemática laboral rural es la “Formalización de la Economía Informal”. Estas áreas de trabajo tratan de responder a situaciones que son importantes y de actualidad, que afectan a muchos empleadores y trabajadores y son motivo de gran preocupación en un gran número de países; en las que las necesidades de cambio se hacen patentes y en las que la OIT puede influir de manera importante, que han sido objeto de decisiones de la Conferencia, del Consejo de Administración o de reuniones regionales, o de inquietudes expresadas por los mandantes por otros medios. La cooperación con las organizaciones de empleadores y trabajadores, la perspectiva de género y las normas internacionales del trabajo son parte integral de la labor en todas las esferas3 .


3 Aunque en 2013 fueron establecidas 8 ACI, al momento del cierre de este documento se plantean 2 ACI más, lo que serían 10 en total. Para más información sobre las 8 ACI ver: OIT, “Propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015”, Presentadas por el Director General, Consejo de Administración , 317ª Reunión , Ginebra, 6-28 de marzo de 2013 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- relconf/documents/meetingdocument/wcms_203478.pdf

 

Mención especial merece la amplitud del sistema normativo de la OIT en relación al sector rural. Unos 40 de sus Convenios, cerca de 30 Recomendaciones y al menos 2 Protocolos reflejan el compromiso hacia este sector y sirven de guía para mejorar las condiciones de trabajo y promover el trabajo decente. De este modo, la mayoría de las problemáticas laborales que afectan al sector rural están tratadas en la normativa internacional que sirve de marco a la regulación que se aplica en los diferentes países.


PRINCIPALES INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE LA OIT PARA EL SECTOR RURAL


Convenios Fundamentales (Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998):


-Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, 1948

-Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949

-Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, 1930

-Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957

-Convenio 138 sobre la edad mínima, 1973

-Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999

-Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, 1951

-Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958

 

Convenios Prioritarios o de Gobernanza, de importancia para el funcionamiento del sistema de normas internacionales del trabajo (Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008):


-Convenio 81 sobre la inspección del trabajo, 1947

-Convenio 129 sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969

-Convenio 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976

-Convenio 122 sobre la política de empleo, 1964


Convenios específicos sobre la agricultura


-Convenio 10 sobre la edad mínima (agricultura), 1921 -Convenio 11 sobre el derecho a asociación (agricultura), 1921

-Convenio 12 sobre la indemnización por accidentes de trabajo (agricultura), 1921 -Convenio 25 sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1925

-Convenio 99 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951

-Convenio 101 sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952

-Convenio 110 sobre las plantaciones, 1958

-Convenio 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975

-Convenio 184 sobre la seguridad y salud en la agricultura, 2001


Otros Convenios a tener en cuenta


-Convenio 82 sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947

-Convenio 83 sobre normas de trabajo (territorios no metropolitanos), 1947

-Convenio 84 sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947

-Convenio 85 sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947

-Convenio 86 sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947

-Convenio 97 sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949

-Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima), 1952

-Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957

-Convenio 121 sobre prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 1964

-Convenio 127 sobre el peso máximo, 1967

-Convenio 130 sobre la fijación de salarios mínimos, 1970

-Convenio 154 sobre la negociación colectiva, 1981

-Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, 1981

-Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989

-Convenio 170 sobre los productos químicos, 1990

-Convenio 175 sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994

-Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, 2000


Recomendaciones principales que afectan al sector agrícola


-Recomendación nº 3 sobre la prevención del carbunco, 1919

-Recomendación nº 11 sobre desempleo (agricultura), 1921

-Recomendación nº 12 sobre la protección de la maternidad (agricultura), 1921

-Recomendación nº 13 sobre el trabajo nocturno en las mujeres (agricultura), 1921

-Recomendación nº14 sobre el trabajo nocturno de los menores (agricultura), 1921

-Recomendación nº15 sobre la enseñanza técnica (agricultura), 1921

-Recomendación nº16 sobre el alojamiento (agricultura), 1921

-Recomendación nº17 sobre el seguro social (agricultura), 1921

-Recomendación nº 58 sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1939

-Recomendación nº 59 sobre la inspección de trabajo (trabajadores indígenas), 1939

-Recomendación nº 67 sobre la seguridad de los medios de vida, 1944

-Recomendación nº 89 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951

-Recomendación nº 93 sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952

-Recomendación nº101 sobre la formación profesional (agricultura), 1956

-Recomendación nº104 sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957

-Recomendación nº110 sobre las plantaciones, 1958

-Recomendación nº 132 sobre los arrendatarios y apareceros, 1968

-Recomendación nº 133 sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969

-Recomendación nº 149 sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975

-Recomendación nº 165 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, 1981

-Recomendación nº 177 sobre los productos químicos, 1990

-Recomendación nº192 sobre la seguridad y salud en la agricultura, 2001

-Recomendación nº 193 sobre la promoción de las cooperativas, 2002

-Recomendación nº 198 sobre la relación de trabajo, 2006

-Recomendación nº 202 sobre los pisos de protección social, 2012

-Recomendación nº 203 sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014


Protocolos


-Protocolo 110 de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones de 1958

-Protocolo 29 de 2014 relativo al Convenio sobre trabajo forzoso de 1930


1.2.-Pobreza Rural, Mercado de Trabajo y Empleo Rural


Desde los últimos años existe en América Latina un interesante número de investigaciones que analizan en profundidad los vínculos del mercado laboral y del empleo rural con la pobreza. En todas destaca que la incidencia de la pobreza y la indigencia es más alta allí que en el medio urbano, algo que por otra parte no es una novedad, aunque su explicación desde la perspectiva de las políticas que ofrece el mercado laboral sí resulta más original (y también más realista). Particularmente destacable fue la, ya mencionada, Resolución relativa a la promoción del empleo rural para reducir la pobreza (OIT, 2008a), que marca una tendencia en este sentido.

Desde entonces, algunos estudios pioneros, en los que ha participado la OIT, presentan evidencias sobre el hecho de que existiría impacto en la superación de la pobreza en las regiones con presencia de mecanismos de generación de empleo. Sin embargo, no puede tratarse de un empleo cualquiera sino uno relacionado con el trabajo decente.

En 2009, la FAO señaló en su análisis “Boom Agrícola y Persistencia de la Pobreza Rural”, la ligazón agricultura moderna-pobreza rural y que la distribución de pobres rurales tiene que ver con la estructura misma del empleo rural (FAO, 2009a).

Lo primero que se constata en el estudio es que, en las áreas rurales, la pobreza es significativa en todos los grupos ocupacionales. Por supuesto, en la agricultura familiar está muy presente pero en el sector moderno también existen proporciones importantes. En general, se aprecia que los trabajadores independientes ocupados en actividades rurales no agrícolas presentan una menor incidencia de la pobreza que aquellos ocupados en la agricultura, lo que, salvo excepciones (enclaves agrarios específicos) tiende a reforzar lo que otros informes habían señalado anteriormente(Banco Mundial, 2008).

Por tanto, un segundo aspecto que merece ser destacado es la importante cantidad de personas asalariadas rurales que pertenece a hogares pobres, incluyendo a muchos de ellos que trabajan en las empresas modernas o microempresas (una situación completamente 15 diferente en las zonas urbanas). Si bien el sector urbano es más heterogéneo en la distribución de la pobreza por segmentos del mercado de trabajo, concentrándose más en la economía informal, la pobreza en las áreas rurales está más extendida entre los grupos ocupacionales, los afecta a todos, dando la razón a Portes y a Hoffman cuando afirmaban que “ser asalariado rural en América Latina es ser pobre” (Portes y Hoffman, 2003).

Estas consideraciones dirigieron el análisis inmediatamente hacia el tema de la calidad de los empleos, que está determinada, por una parte, por las instituciones del mercado de trabajo rural y, por la otra, por los procesos laborales que se llevan a cabo en el mercado de trabajo rural. Es decir, que la institucionalidad laboral en relación a la informalidad de los puestos de trabajo, el salario mínimo, la sindicalización, la negociación colectiva, la seguridad social, las formas de contratación, los mecanismos de intermediación laboral, junto con otros procesos laborales como el trabajo infantil, la participación laboral creciente de las mujeres, la certificación internacional de productos y las migraciones, tienen la capacidad de disminuir la pobreza o de aumentarla.

Surgen así dos estudios más denominados “Políticas de Mercado de Trabajo y Pobreza Rural en América Latina”, realizados por FAO, OIT y CEPAL que reafirman los condicionantes laborales de la pobreza rural en América Latina (FAO-OIT-CEPAL, 2012).

En sus dos volúmenes se analizan cuestiones como la oferta de mano de obra, el desempleo y la pobreza en las áreas rurales; la informalidad de los empleos; y la importancia de fortalecer las instituciones del mercado de trabajo y de establecer políticas de mercado de trabajo para una mejor redistribución de la riqueza. Además, se llevó a cabo un análisis comparado con 12 estudios de caso por países.

Se concluye que el dinamismo agrario no tuvo el efecto esperado en la reducción de la pobreza. La persistencia de un alto déficit de creación de empleo decente en la región y el predominio de la informalidad, con bajas remuneraciones, sin acceso a la protección social y sin respeto pleno a los derechos laborales son aspectos que vinculan de manera clara al empleo rural con la pobreza. Por lo tanto, para superarla, las políticas laborales deben llegar a las zonas rurales (OIT-FAO, 2013b).


¿Quién trabaja en la agricultura? (OIT, 2008a)

En la agricultura, las diversas formas de propiedad de la tierra y de métodos de cultivo dan lugar a numerosos tipos de relaciones laborales y formas de participación en la fuerza de trabajo. Entre los que trabajan en la agricultura se incluyen:

Personas asalariadas

- Personas trabajadoras agrícolas con contrato permanente: generalmente empleados en explotaciones agrícolas medianas y grandes y en plantaciones.

- Personas trabajadoras especializadas: empleados para realizar tareas específicas, tales como la aplicación de los pesticidas, la labranza, etc.

- Personas trabajadoras estacionales, ocasionales, temporeros y por día: estos trabajadores pueden pasar de la agricultura a otras actividades rurales según la disponibilidad de trabajo, y a menudo viven y trabajan en condiciones precarias.

- Personas trabajadoras migrantes: contratados temporalmente durante los períodos de cosecha, estos trabajadores a menudo se alojan en viviendas que están en malas condiciones, reciben salarios muy bajos y no tienen acceso a los servicios de salud.

Personas trabajadoras independientes

-Grandes propietarios: dirigen empresas especializadas en producción agrícola. Utilizan tecnologías avanzadas y disfrutan de acceso al crédito, a los seguros agrarios, a la asistencia técnica, etc.

-Pequeños y medianos propietarios: explotan propiedades agrícolas con diversos medios financieros y técnicos; pueden producir para el mercado nacional y/o para la exportación.

-Agricultores de subsistencia: viven en general, en países en desarrollo, y a menudo son propietarios de parcelas de tierra muy pequeñas; no tienen conocimientos ni medios técnicos ni acceso al crédito y a los mercados; pueden trabajar temporalmente como asalariados para complementar sus ingresos.

-Aparceros y arrendatarios: cultivan propiedades comunitarias, estatales o privadas. Los primeros entregan una parte de la producción en concepto de alquiler y los segundos alquilan la tierra por una renta fija anual.

Trabajadores y trabajadoras familiares no remunerados

- Su trabajo contribuye a los ingresos del hogar y comparten los beneficios de la producción de la familia, aunque su contribución no aparece en las estadísticas laborales. Muchas mujeres y niños entran dentro de esta categoría de trabajadores.

Otros

- Personas trabajadoras de cooperativas: participan en empresas económicas colectivas de producción agrícola y comercialización de esta producción.

-Pueblos indígenas: poseen la tierra como propiedad colectiva y a menudo se dedican a la agricultura de subsistencia; pueden trabajar como temporeros en empresas agrícolas.

- Niñas y niños trabajadores. El intercambio de trabajo no basado en el mercado es habitual en las zonas rurales de muchos países. Este puede adoptar la forma de trabajo tributario, intercambio recíproco, grupos de trabajo, etc. El intercambio voluntario de trabajo puede hacer aumentar la eficacia de éste, ya que es una forma de movilizar a los trabajadores y trabajadoras cuando son más necesarios y cuando la productividad es alta.


1.3.-ACTRAV/OIT: hacia la formalización y el trabajo decente en el sector rural. El marco normativo


La transición hacia la formalización en América Latina parte de la necesidad de dar respuesta a los graves déficits de trabajo decente presentes en las economías rurales de muchos países. En este sentido, desde la OIT se plantea una visión integral regional, donde la definición de economía rural en el marco de las ACI comprende ejes de trabajo como las cadenas de valor, los derechos fundamentales y la formalización, habilidades y competencias profesionales, intervenciones más intersectoriales y difusión de conocimientos. Además, plantea estrategias como el mejoramiento de la productividad y de las condiciones de trabajo de las áreas rurales, la generación de más y mejores empleos verdes, la disminución de los índices de informalidad, la extensión de la protección social, o el mejoramiento de la eficacia del Estado para garantizar los derechos fundamentales del trabajo. La aplicación de las normas internacionales del trabajo es una de las prioridades para el movimiento sindical y una de las principales propuestas de ACTRAV para la formalización de la informalidad en el sector rural.

El Programa de Trabajo Decente ofrece un marco para la formulación de políticas y acciones destinadas a reducir la pobreza mediante la generación de más y mejores empleos. El Programa aboga por la integración de los objetivos económicos y sociales y la combinación de medidas bien sincronizadas en el ámbito de la promoción del empleo, los derechos en el trabajo, la protección social y el diálogo social. El tratamiento del déficit de trabajo decente permite encontrar vías para salir de la pobreza. Perseguir los derechos fundamentales de los trabajadores es un imperativo ético que también puede tener por resultado la creación de más empleos productivos y una mayor productividad. La protección social ofrece un cierto nivel de seguridad a los trabajadores y sus familias y también puede mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. El diálogo social puede contribuir a encontrar soluciones duraderas a los problemas y también acrecentar el compromiso y la transparencia y acelerar el ajuste al cambio.

Por otro lado, se ha consensuado que algunos de los principales problemas que sufre el sector rural son la inequidad de género y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, la limitada diversificación productiva, la agricultura a doble velocidad (industrial-familiar), la débil organización del trabajo, la informalidad de los empleos (que es muy generalizada pero que se concentra particularmente entre los trabajadores temporales) o el diseño de políticas para el desarrollo territorial basadas en evidencias.

Los pequeños agricultores familiares aún enfrentan grandes retos y restricciones en comparación con la agricultura mecanizada orientada a la exportación: en promedio las explotaciones en manos de pequeños agricultores representan más del 80 % del total, y aportan entre el 30 y 40 % del PIB agrícola regional 4. La brecha de desarrollo tecnológico continúa incrementándose, tanto entre países de la región, como al interior de los mismos, especialmente entre los sectores agrícolas más dinámicos y la agricultura familiar.


4 FAO, Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe http://www.fao.org/americas/perspectivas/hambre/es/


Se puede constatar asimismo que casi todos los países de la región carecen de políticas públicas dirigidas hacia el mercado de trabajo en las zonas rurales, por lo que es necesario asumir el desafío y repensar el rol de las políticas laborales para crear trabajo decente, elemento esencial para luchar contra la pobreza extrema que asola los territorios rurales. En la Declaración de Filadelfia de la OIT, de 1944, que traza sus fines y objetivos principales, se afirma que la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos, y se insta a proseguir la lucha contra ella con incesante energía (OIT, 1944). Los datos confirman lo ya visto: que en los últimos años se han hecho progresos reales en la lucha contra la pobreza en América Latina pero que no han tenido la misma magnitud en el sector rural, donde sigue perpetuándose la indigencia. Algunos estudios en los que ha participado la OIT apuntan, como causas principales de esta persistencia, la institucionalidad del mercado de trabajo rural, la alta informalidad que allí se da y otros efectos laborales y no laborales negativos creados por el modelo agrícola industrial dominante, transnacionalizado, concentrador de riqueza y en expansión y amenaza frente a la agricultura familiar y la sostenibilidad (FAO-OIT-CEPAL, 2012; OIT-FAO, 2013a).

Además, como se indica en el Informe sobre el trabajo en el mundo 2013 de la OIT, muchas de las personas que han salido de la pobreza continúan viviendo en una situación muy próxima o en peligro de recaer en la situación de necesidad en que se encontraban anteriormente. En el medio rural, ésta línea puede resultar una cuerda floja si no se consolidan políticas de inclusión. La reducción de la pobreza tiene mucho que ver con la capacidad de los países de ingresos medios para reducir las desigualdades en períodos de crecimiento pero sobre todo en la oportunidad de crear oportunidades en el acceso al trabajo decente (OIT, 2013a).

La altísima ganancia y dinamismo económico generados por el sector industrial agropecuario en América Latina no parece haber sido, en absoluto, un motor de redistribución de la riqueza ni de creación de más trabajo decente. Por el contrario, parece haber sido un estímulo a la precariedad, la subcontratación y el fraude laboral, no siendo muchos todavía los esfuerzos por parte del Estado, las legislaciones nacionales y la inspección laboral por frenar esta nueva rampa hacia la pobreza, que se agrava en medio de un complejo sistema de precios agrícolas, cadenas de valor transnacionalizadas y especulación financiera que, en muchas ocasiones termina, con el empobrecimiento de las familias productoras y el éxodo rural. La mayoría de las legislaciones laborales en América Latina excluye a los trabajadores rurales, cuando no los invisibiliza. A ello se une regímenes laborales específicos que precarizan la mano de obra en beneficio de la competitividad de las empresas agroexportadoras. El déficit de políticas laborales para el sector rural, unido a la discriminación y la falta de transversalización de género (quedando demostrado que la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres en el ámbito rural) supone un grave problema de derechos, más cuando la incorporación de la mujer al mercado laboral dentro de la esfera productiva rural ha sido muy significativa (OIT, 2013b; FAO-CEPAL, 2009).

La desigualdad, cabe recordar, es una consecuencia de la violación del derecho a la igualdad de trato, y en la Declaración de 2008 de la OIT se subraya que «la igualdad de género y la no discriminación deben considerarse cuestiones transversales» en el marco de los objetivos estratégicos (OIT, 2008b). Aunque algunos países vienen desempeñando considerables progresos realizados en el ámbito de la protección jurídica contra la discriminación en el trabajo, esta persiste y se hace más aguda en la economía rural: si bien es discutible la brecha salarial de género, como algunos estudios señalan, no sucede lo mismo respecto a las condiciones de trabajo. También es preocupante el hecho de que estén surgiendo otras formas de discriminación por motivos distintos a los indicados. Es sumamente importante contrarrestar los graves efectos discriminatorios de procesos, instituciones o políticas aparentemente neutrales, como está sucediendo en el mercado laboral rural o los lugares de trabajo del sector agrícola. En este sentido, es necesario priorizar y defender la relevancia de los Convenios nº 100 sobre Igualdad de Remuneración, y nº 111 sobre Discriminación, pero también atender a circunstancias especiales, donde sobresale el Convenio nº 183 sobre la protección de la maternidad. Es muy preocupante que el embarazo sea un causal de despido de alta incidencia en los sectores agroindustriales o el no goce a los beneficios y derechos en relación a la maternidad.

Otro instrumento a tener en cuenta es el Convenio nº 156, el cuál provee una serie de regulaciones para proteger a trabajadores con responsabilidades familiares y permitir la conciliación, más cuando la región presenta una de las tasas más altas de ratificación de este convenio (10 países). En el trasfondo de la participación laboral femenina en los sectores agrícolas más dinámicos, está el problema de la doble jornada.

Por otro lado, si bien la mejora de la competitividad constituye un objetivo legítimo de cualquier economía o empresa, resulta lógicamente imposible que todas a un mismo tiempo aumenten su competitividad: una mayor competitividad de determinadas economías o empresas implica forzosamente una menor competitividad de otras economías o empresas. Del mismo modo, no todos los países pueden recurrir a la exportación por la sencilla razón de que las exportaciones de un país son las importaciones de otro (OIT, 2013b). No entender ni atenerse a esta lógica tan simple ha desencadenado ya en la economías de todo el mundo y, en particular en la economía rural de América Latina, una espiral competitiva descendente de los salarios y las condiciones de trabajo que, a largo plazo pueden resultar perjudiciales para todas las partes como la OIT ha advertido, por ejemplo en el Pacto Mundial para el Empleo (OIT, 2009).

Cuando los esfuerzos encaminados a mejorar la competitividad van más allá y sobrepasan una línea crítica, a partir de la cual esos esfuerzos comienzan a tener repercusiones negativas en los principios y derechos fundamentales en el trabajo, se requiere una revisión urgente del modelo. La Declaración de 2008 establece que la violación de esos principios y derechos fundamentales no puede invocarse ni utilizarse en modo alguno como ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas (OIT, 2008b). Por tanto, desde ACTRAV se considera irrenunciable que todas las partes realicen esfuerzos considerables para garantizar la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo establecidos en la Declaración de 1998 (OIT, 1998) y que sean salvaguardarlos desde una adecuada inspección laboral. El mejoramiento de la eficacia del Estado para garantizar los derechos fundamentales es un aspecto que debe ser seriamente revisado. Debemos recordar la pertinencia del Convenio nº129 sobre la inspección del trabajo en la agricultura, sector donde se encuentra la mayor presencia del trabajo infantil (Convenios nº 138 sobre la edad mínima, y nº 182, peores formas de trabajo infantil) y del trabajo forzoso (Convenio nº 129 sobre trabajo forzoso y nº 105 sobre la abolición del trabajo forzoso), además de los ya señalados respecto a la discriminación.

La información de que se dispone indica claramente también que en el sector rural de los países latinoamericanos, el aumento de los salarios está muy por debajo del crecimiento de la productividad, lo que entraña una reducción de su participación global en la renta nacional. Como se ha explicado, la importancia del salario mínimo es trascendental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales y sus familias (siempre y cuando se trate de un salario justo). El asunto se vuelve complejo, pues tiene que ver con la definición y la estimación de la productividad, sobre la que se establecen continuos debates que no ayudan al trabajador. Parece que el salario mínimo es una condición no siempre determinante para salir de la pobreza pero ayuda considerablemente en la medida que su incremento constante en equilibrio con la inflación sirve para reducir la desigualdad, incentivar la demanda agregada y aumentar la productividad. En este sentido, destaca la relevancia de dos instrumentos normativos de la OIT: el Convenio nº 199 sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos en agricultura, pero también el Convenio nº 130 sobre la fijación de salarios mínimos.

Ciertamente el estereotipo clásico de un trabajo decente, es decir, un empleo permanente a tiempo completo, con horarios de trabajo fijos y un plan de jubilación basado en prestaciones definidas al que se tiene derecho al completar una carrera profesional segura y en gran medida predecible con un mismo empleador, por más deseable que pueda parecer, nunca fue en todo caso una realidad para la mayoría de los trabajadores del sector rural , desempeñándose habitualmente en entornos informales, a menudo con un nivel mínimo o inexistente de protección o seguridad. La cuestión a abordar, no obstante, es si la distancia hacia el trabajo decente se ha agrandado. Una de las variables que lo confirman es el incremento del empleo temporal o estacional en la economía rural, particularmente sometido a grandes abusos, prácticas de contratación irregulares y violación de derechos laborales (OIT, 2013b).

El empleo temporal rural se ha terminado convirtiendo en el empleo “típico”; Sin poder afirmar que siempre fue una excepción, es cierto que parece que ha pasado a ser la norma, pero aún más precarizado. Si bien la importancia del empleo temporal en general, para el logro del trabajo decente, es una cuestión que suscita opiniones muy encontradas. La OIT no ha podido llegar a un consenso en torno a esta cuestión pese a los muchos esfuerzos que se han hecho para conseguirlo. La prolongada controversia acerca de las ventajas y desventajas de la flexibilidad interna y externa del mercado de trabajo, a lo largo del decenio de 1990, hizo que la OIT adoptase una serie de convenios sobre formas de trabajo específicas (a tiempo parcial, a domicilio, y a través de agencias de empleo privadas) y la Recomendación nº 198 sobre la relación de trabajo. Sin embargo, el nivel de ratificación de estos los convenios ha sido muy bajo hasta el momento y las cuestiones que en ellos se abordan siguen siendo objeto de una enconada controversia, la cual se ha extendido al Convenio nº 158 sobre la terminación de la relación de trabajo, instrumento donde se trata a fondo todo cuanto tiene que ver con la flexibilidad externa.

Merece la pena detenerse en la Recomendación nº 198 sobre la relación de trabajo, que fue adoptada por la OIT en 2006, y una de las de mayor trascendencia para los trabajadores por el tema central que aborda y por la forma en que lo hace (Ermida, 2010). La recomendación reconoce como antecedente una serie de discusiones verificadas en el seno de la OIT sobre trabajo informal, trabajo a domicilio, subcontratación y otras formas de trabajo que podrían considerarse desprotegidas o insuficientemente protegidas. Un hito muy negativo fue el inédito rechazo del proyecto de convenio internacional del trabajo sobre subcontratación, verificado, por primera y hasta ahora única vez en la historia de la OIT, en la conferencia de 1998.

El informe de 2003, sentó las bases de la recomendación, reafirmando que el objetivo de la OIT (y del Derecho del trabajo), es la protección del trabajador, justificada por la situación de desigualdad que se verifica en la relación de trabajo y por tanto se ha de reconocer la relación de trabajo como el elemento definitorio de la aplicación de la legislación protectora. En segundo lugar, se manifiesta que la indeterminación de la existencia de una relación de trabajo o las dificultades para determinarla, suponen una clara desprotección por inaplicación de la legislación laboral protectora. En tercer lugar, se identifican algunas de las causas de tal desprotección, como el encubrimiento de la relación de trabajo, el recurso a acuerdos contractuales que intentan atribuir otra naturaleza a la relación laboral y las eventuales insuficiencias legislativas. A los efectos de promover la adecuada protección del trabajador en tales hipótesis, la recomendación se divide, en lo sustantivo, en dos grandes partes: una dedicada a la postulación y definición de un política nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo y otra que establece criterios para la determinación de la existencia de una relación de trabajo.

Luego de dos o tres décadas de flexibilización y desregulación, de “retorno del arrendamiento de servicios”, de “fuga”, “huida” o “expulsión” de trabajadores del Derecho laboral, de “empresas unipersonales”, de precarización, de tercerización, de remozamiento de la autonomía individual de la voluntad (rectius: de la voluntad unilateral del empleador), esta recomendación es más vigente e importante de lo que parece, pues reafirma el principio protector, la primacía de la realidad, destacando la indiferencia de la calificación jurídica que las partes hagan del negocio, el concepto de relación de trabajo, la subordinación o dependencia (no solo jurídica), la ajenidad y que recopile un extenso y acumulativo elenco de indicios de la existencia de relación de trabajo regulada por el Derecho laboral. Es particularmente significativa y clarificadora sobre cuáles son los objetivos, principios e instrumentos de la OIT y del Derecho del trabajo. Indica lo que deben y lo que no deben hacer tanto el legislador como el juez (Ermida, 2010).

Esta recomendación puede ser especialmente válida para la creciente segregación del mercado laboral rural y la progresiva fragmentación de las formas y relaciones del empleo «típico» o convencional en una multitud de diversas formas de empleo “atípico”.

Tampoco se deben perder de vista ciertos contenidos del Convenio nº 122 sobre la política de empleo, en especial los que se refieren a la subcontratación.

Por supuesto, abordar estos aspectos mencionados y encaminarlos hacia un sistema de relaciones laborales más justo y deseable significa que se debe prestar atención a cuestiones como el tripartismo y la legitimidad representativa de los trabajadores, obstaculizada permanentemente en el sector rural, en ocasiones a través de la violencia.

Es evidente que cuando la legislación y la práctica nacionales impiden el libre ejercicio del derecho de sindicación y asociación, el tripartismo y el diálogo se quedan en papel mojado. Sin embargo, las personas se afilian con un objetivo, y en el mundo del trabajo dicho objetivo es, ante todo, la representación colectiva de los intereses a través de la negociación colectiva y del diálogo social. De ello se desprende que, la solidez y la legitimidad del tripartismo y de sus actores dependen del reconocimiento y respeto mutuos de las funciones y derechos respectivos. La negativa de cualquiera de las partes de participar en el diálogo social a nivel nacional no puede sino perjudicar esa legitimidad. De igual manera, el no reconocimiento del derecho de las organizaciones representativas a participar en la negociación colectiva, socava la función representativa de dichas organizaciones. En este sentido, la idea de que los acuerdos contractuales individuales puedan ser una alternativa equivalente a la negociación colectiva entre organizaciones representativas es difícilmente conciliable en la visión de la OIT, que representa el tripartismo y el diálogo social, como una de sus principales señas de identidad, tal y como se señala en la Declaración de 2008 (OIT, 2008b). En consecuencia, no son aceptables las continuas amenazas y obstrucciones a la libertad de asociación y a la convención colectiva que, de manera persistente, se ponen en práctica en los modernos sectores del agronegocio.

Por lo tanto, es de gran importancia la garantía y el respeto a la asociación sindical y a la libertad asociativa y representativa, sacralizando la aplicación de dos instrumentos fundamentales, genuinos y angulares, como son el Convenio nº 87 sobre libertad sindical y protección del derecho sindical y el Convenio nº 98 sobre el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, sin olvidarnos tampoco del Convenio nº 11 sobre el derecho de asociación (agricultura) o el Convenio nº 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales. Este último reconoce su función en el desarrollo económico y social.

Otro aspecto central es la protección de los trabajadores del sector rural a través de mecanismos de seguridad social y también de aquellos que garanticen un entorno de trabajo seguro y saludable. Llama la atención que sea en la agricultura donde se produzca un mayor número de accidentes laborales (también mortales) por lo que la aplicación de normativas nacionales basadas en el Convenio nº 184 sobre la seguridad y salud en la agricultura son urgentes.

Si bien este Convenio, de 2001, recoge elementos principales de otros Convenios relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos profesionales, incluye la necesidad de proponer un enfoque coherente para la agricultura, incorporando un marco más amplio de principios y derechos fundamentales. No obstante, es importante señalar que el Convenio presenta carencias importantes, al excluir de su ámbito de aplicación actividades como la agricultura de subsistencia, los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como materia prima y la explotación forestal de los bosques.

No menos importante es el Convenio nº 170, de 1991, sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. Este convenio concentra en su contenido la mayoría de las medidas preventivas de instrumentos normativos anteriores, que tratan sobre la influencia nociva de estos productos sobre la salud y las enfermedades profesionales. Además de medidas de protección que trascienden la esfera laboral (al ser extensivas para toda la sociedad), se refiere también a determinadas prestaciones. La utilización masiva de productos químicos en el sector agroindustrial, algunos de una toxicidad que puede resultar mortal, y la toma de conciencia global hacia la calidad de los alimentos y el uso de agroquímicos y fertilizantes con efectos inciertos o probadamente perjudiciales en la salud humana, pero también en el medioambiente, son temas que ponen de actualidad este convenio.

Es importante recalcar la importancia de los comités de seguridad y salud en el trabajo, el funcionamiento de la prevención y, sobre todo, el derecho que tienen los trabajadores a estar plenamente informados sobre los productos químicos utilizados en su labor. Por tanto, estos deben ser evaluados previamente para determinar el peligro que representan, tal y como recoge el C170.

El problema no es simple y va más allá del productor agrícola, apuntando al fabricante y distribuidor, que en ocasiones forma parte de un complejo transnacional que controla, de manera creciente, los segmentos de los sistemas agroalimentarios y el ciclo agrícola. La panoplia biotecnológica que traen consigo estas grandes corporaciones incluye agroquímicos muy rentables pero que deterioran la salud de trabajador y de la población que vive cercana a la explotación agrícola, no siempre concienciados al respecto. Si a ello unimos las malas prácticas de los productores, la ausencia de legislación y el lobbysmo, surge la necesidad de lanzar campañas y acciones a favor de este convenio y su ratificación que, además, cuenta con el apoyo de otros organismos de Naciones Unidas, como el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), la Organización Mundial para la Salud (OMS) o la FAO, entre otras.

Respecto a la protección social, no cabe duda que se debe velar por la extensión de los sistemas de seguridad social, uno de los pilares de la Agenda del Trabajo Decente, y una de las prioridades de ACTRAV y del movimiento sindical regional en particular. La cuestión es cómo facilitar la incorporación progresiva de los trabajadores rurales y de sus familias, prioritariamente a partir de estándares mencionados en el Convenio nº 102 sobre norma mínima de seguridad social, cuando sea posible, o a partir de sistemas como los pisos básicos de protección social (PPS), desprendidos de la Recomendación nº 202. La viabilidad y aconsejabilidad de los PPS para el sector rural no debe significar una opción admisible cuando sea factible la ampliación de los estándares.

Tampoco podemos olvidarnos del interesante Convenio nº 110 sobre las plantaciones, convenio transversal que vuelve a tener gran vigencia debido al fenómeno agroexportador, y que incorpora numerosos elementos sobre contratación (abordando también la problemática de los trabajadores migrantes), fijación de salarios mínimos y otras garantías salariales, protección a la maternidad, el reconocimiento al derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, la inspección del trabajo.

La normativa OIT en relación al trabajador migrante puede ser incorporada también al comprender que una importante fuerza de la mano de obra en la agricultura de muchos países proviene de los procesos migratorios intracontinentales. La protección del trabajador migrante y la regulación de sus condiciones de trabajo resultan prioritarias al detectarse situaciones empíricas de gran vulnerabilidad y abuso sobre estas poblaciones en la esfera del trabajo agrícola.

Finalmente, es imprescindible recordar en el contexto actual, la vigencia e importancia del Convenio nº 169, sobre pueblos indígenas y tribales, más cuando se vienen recogiendo numerosas denuncias sobre cómo la expansión del sector agroindustrial violenta en no pocos casos los derechos de los pueblos originarios y atenta contra su cultura, a pesar de ser éste un instrumento ratificado por buena parte de los países de la región.