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El aprovechamiento de los Convenios: su ratificación

 

Los Estados miembros tienen la obligación de considerar cada instrumento de la OIT, ya sea para su eventual utilización en sus normas o para su ratificación. Cuando un país ratifica un Convenio, adquiere la obligación de adecuar su legislación a él dentro de los 12 meses. La ratificación es un compromiso formal mediante el cual los Estados le otorgan al documento la característica de vinculante.

Una vez que un Convenio ha sido ratificado por un país, comienza el mecanismo de control de la OIT, mediante el Comité de Expertos (tal como se mencionó bajo el subtítulo 1 de este capítulo). Este sistema de control es único en el terreno internacional. De acuerdo con el, la OIT examina, con regularidad, la aplicación de las normas en los países que las han ratificado. Conforme con esta consideración, se sugieren formas de mejorar la aplicación y, si se encuentran problemas, se ofrece ayuda. Esta colaboración se concreta mediante el Diálogo Social y la asistencia técnica.

Desde 1964, la Comisión de Expertos viene subrayando los progresos observados en cuanto a mejoras de la legislación para la aplicación práctica. De esta forma, hoy se puede dar cuenta de 2.300 casos donde se produjeron avances. Veamos dos casos acontecidos en Latinoamérica durante los últimos años:

 

  • Ecuador adoptó una nueva Constitución que dispone que “el Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándoles idéntica remuneración por trabajo de igual valor”. Asimismo, la Constitución contempla la promoción de los derechos laborales y reproductivos de la mujer, a efectos de mejorar sus condiciones de trabajo y de garantizar su acceso a los sistemas de seguridad social. Hace especial referencia a las embarazadas y a las madres en período de lactación, a las trabajadoras, a las mujeres que trabajan en el sector informal y en el de las artesanías, a las mujeres cabeza de familia y a las viudas;
  • El Salvador adoptó un nuevo Código Penal que deroga aquellas disposiciones mediante las cuales se podían imponer condenas que conllevaban un trabajo obligatorio, en el caso de actividades relacionadas con la expresión de las opiniones políticas o con la oposición al orden político establecido.

 

Cuando se ha ratificado un Convenio, la Comisión envía con asiduidad solicitudes a los gobiernos; en estas comunicaciones señala problemas aparentes en la aplicación de una norma, dando al país un tiempo para que éste trate esas cuestiones y responda antes de que se publique cualquier comentario. Las intervenciones de la Comisión facilitan el Diálogo Social, al requerir que los gobiernos revisen la aplicación de una norma y compartan la información con los interlocutores sociales, quienes también pueden comunicar información. El Diálogo Social que se desarrolla a continuación puede conducir a la resolución y a la prevención de otros problemas. A través de Internet, es posible acceder tanto a los informes de la Comisión de Expertos como a los informes de la Comisión de la Conferencia.

Cuando los Estados miembros lo solicitan, la Oficina Internacional del Trabajo brinda una asistencia técnica sustancial para redactar y revisar la legislación nacional, con el fin de garantizar su conformidad con las normas internacionales del trabajo. De este modo, los órganos de control también desempeñan una función importante para evitar que aparezcan, en primera plana, problemas aparecidos respecto de la aplicación de las normas.